Las leyes que regulan este tipo de acciones son amplias y complejas porque además parten de diferentes Administraciones.
En una de éstas, la Ley 45/2015 sobre voluntariado, dice en su preámbulo: “Por otra parte, la Ley impide que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el privado, con independencia de la modalidad contractual utilizada, o que pueda sustituir a las Administraciones públicas en funciones o servicios públicos a cuya prestación estén obligadas por ley”.
Precisamente uno de los aspectos que quiere evitar esta ley es que se camufle el intrusismo profesional e impedir que las administraciones incumplan con sus obligaciones de servicios.
Estos eventos son por tanto de dudosa legalidad y totalmente vergonzoso que en ellos veamos participando a diferentes administraciones públicas e incluso Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se supone que vela por el cumplimiento de la legalidad.
A propósito de este planteamiento se me ocurre proponerles a los implicados que se queden un par de meses en casa porqué hay voluntarios realizando su labor: ¡Así nos sentimos nosotros los buzos profesionales cuando vemos esto!
Por otra parte, me parece una usurpación de una labor profesional regulada y que exige una titulación determinada. Es decir, muchos de estos voluntarios no tienen la correcta titulación para participar en algunas de estas actividades.
Un palo más a nuestro sector, que intenta mejorar y actualizarse, pero que las administraciones solo ponen una traba detrás de otra. Ciertamente hay grandes empresas sin interés en realizar este tipo de trabajos, pero también hay empresas y familias que dentro de su modestia viven de estos pequeños trabajos, pero la ley y el sector no por pequeñas les exime de cumplir con sus obligaciones.
Añadir también que creo que las organizaciones del nuestro colectivo se deberían movilizar ante estos casos.
