El Real Decreto supone un paso atrás para la seguridad de los buzos y la sostenibilidad de las empresas

 

El Real Decreto de Buceo supone un paso atrás para la seguridad de los buzos y la sostenibilidad de las empresas

 

El Real Decreto ha supuesto un notable retroceso en cuestiones de seguridad para nuestros buzos y perjudica la competitividad de las empresas que realizamos nuestras operaciones de acuerdo con lo que marca el II Convenio Colectivo de Buceo Profesional y Medios Hiperbáricos.

Desde la entrada en vigor en el mes de junio del Real Decreto (RD) 550/2020 por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, el incumplimiento de normativa en las comunidades autónomas del Norte (hablo de Galicia, Asturias, Cantabria y país Vasco donde mi empresa opera) se ha extendido como la pólvora.

El RD se ha convertido en la mejor arma para el pirateo de las empresas que trabajan infringiendo la legalidad. Y esto tiene su explicación. Si bien hasta hace unos meses estas empresas hacían un esfuerzo por esconderse durante sus malas prácticas en puertos o trabajos en barcos, entre otros, ahora campan a sus anchas.

Y me refiero concretamente al uso del scuba o equipo autónomo para las operaciones mencionadas, que todos sabemos que está prohibido en el convenio colectivo y, aunque pese a muchos, sigue siendo un documento de obligado cumplimiento para todas las operaciones de buceo comercial sin excepción. Tanto es así que el propio RD insta a las empresas de nuestra industria a acogerse a la norma con mayor grado de seguridad para la vida de nuestros profesionales.

Sin embargo, el RD hace muchas aguas. El nuevo documento deja la puerta abierta al uso del scuba para intervenciones muy concretas de inspección y esto está siendo un hilo del que están tirando las ‘empresas pirata’. Estas mismas empresas interpretan el RD a su manera y, lo más grave, llevan a los contratistas a la confusión arguyendo que “ya se puede bucear en scuba”, sin mostrar a su interlocutor las muchas restricciones que realmente no le permiten bucear con una botella y un regulador.

Los mismos contratistas que habíamos logrado que obligasen a cumplir el convenio en sus operaciones de buceo, ahora están dando un paso atrás en las condiciones de seguridad, mal agarrándose al RD para permitir la mala praxis. Esto está provocando una difícil situación para las empresas que luchan por cumplir con el convenio, ya que su competitividad que queda en nivel cero, frente a empresas que se presentan con un equipo de tres personas a bucear en autónomo.

¿La Solución? Un férreo control por parte de las administraciones competentes y los cuerpos de seguridad, pero con garantías de que las sanciones lleguen a ser eficientes.

Somos conscientes de que dentro de las diferentes instituciones que nos regulan y vigilan hay personas implicadas en este asunto ¿pero de qué sirve que unos pocos se hayan sensibilizado con nuestra situación y otros sigan sin arrimar de verdad el hombro?

Necesitamos las Capitanías Marítimas, Inspecciones de Trabajo o GEAS de toda España tengan conocimiento de nuestra profesión y, sobre todo, de la aplicación de la normativa. ¿de qué sirve exigir tanto papeleo si después nadie baja a pie de muelle a comprobar cómo y qué se está haciendo a unos cuentos metros de algunas oficinas donde presentamos nuestra documentación?

Por otra parte es necesario que las empresas contratistas públicas y privadas sepan que en caso de accidente, corren el riesgo de ser subsidiarias de las irregularidades que cumple la operación y de las ilegalidades que cometen las compañías que contratan.

La supervivencia de las empresas que están comprometidas con la salud y la vida de los buzos, que es lo más importante en una profesión de riesgo como la nuestra, está en juego.