Reunión con Dirección General de Trabajo
Meses antes de la entrada en vigor del Real Decreto 550/2020, un grupo de profesionales del sector del buceo comercial decidió aunar fuerzas para mostrar activamente su desacuerdo con las condiciones que recogía el texto, en tanto “atentaban directamente contra la seguridad de los buzos”.
Este grupo de trabajo, compuesto por buzos comerciales, especialistas en prevención de riesgos laborales o instructores de buceo, analizó el documento punto por punto, poniendo de manifiesto aquellas situaciones en las que se daba un paso atrás en cuanto a la regulación de la actividad.
Realizaron una campaña de difusión a través de redes sociales con objeto de llegar a todo el colectivo. De forma paralela se solicitaron las primeras reuniones y tomas de contacto con los diferentes organismos e instituciones con competencias en la materia.
Primera toma de contacto
La insistencia del colectivo en este sentido ha dado sus frutos. El pasado mes de marzo se produjo una primera toma de contacto a través de una reunión telemática con Dirección General de Trabajo, en la que participaron la directora general, D.ª Verónica Martínez (más información) y D.ª Consolación Rodríguez, subdirectora general de Ordenación Normativa de la institución, ambas acreditadas inspectoras de trabajo con carrera.
“Necesitábamos trasladarles los conflictos que ha generado el Real Decreto en las condiciones de seguridad de los buzos”
En un ambiente distendido, se plantearon las principales reivindicaciones y “hubo buena disposición e interés” por parte del organismo estatal, tal como relata Luis Torcida, miembro del grupo de trabajo y vocal de Seguridad del Sindicato de Actividades Marítimas del Estado Español (SAME) [la agrupación sindical apoya esta iniciativa, si bien no es su promotora].
El objetivo principal que buscaban desde Trabajo era conocer de primera mano la situación del buceo comercial para poder localizar el origen de los problemas más importantes del rubro, así como los conflictos generados en el ámbito de la seguridad en el buceo profesional tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto.
Competencias de cada organismo
Si bien desde la Dirección General de Trabajo mostraron su disposición a conocer de primera mano los problemas que acucian al sector, también dejaron claras su marco de competencias en lo que a la legislación se refiere.
El Ministerio de Trabajo trataría de trasladar aquellas cuestiones que atañen a la seguridad en el trabajo de los buzos a los distintos organismos competentes en otros ámbitos de aplicación, entre otras al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Ministerio de Fomento), organismo que ha promovido y rubricado el Real Decreto 550/2020.
Sin embargo, también señalaron que “la delimitación de competencias es muy clara en este sentido” y que no pueden “interferir ni solicitar modificaciones al documento”.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Convenio Colectivo
Desde el grupo de trabajo entienden que luchar por una modificación directa del RD es una vía “deseable, pero poco realista”. Es por ello que las miras están puestas en utilizar otras fórmulas.
Desde la Dirección General de Trabajo les conminaron a seguir reivindicando la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, de obligado cumplimiento y bajo la que se amparan todas las actividades laborales en España.
“Debemos seguir reivindicando la aplicación del Convenio Colectivo y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”
Asimismo, les animaron a desarrollar y reforzar el Convenio Colectivo (CC) vigente en el sector, de obligado cumplimiento para todas las empresas del gremio, tal como marca su ámbito de aplicación.
“Hicieron especial hincapié en que la negociación colectiva y los acuerdos alcanzados a través de esta, tienen tal validez jurídica y fuerza en el desarrollo normativo en el ámbito de la seguridad, que están destinadas a regular todos aquellos aspectos en que otras normas no han alcanzado a regular o no lo han realizado siguiendo criterios técnicos que afecten a la salud y seguridad de los trabajadores a los que el CC representa”, señala Torcida.
Una de las cuestiones clave que creó desconcierto tras la entrada en vigor del RD, el pasado 2 de junio de 2020, fue la de los límites de aplicación de dicha normativa y su interacción con otros documentos reguladores, una situación aprovechada interesadamente por algunos y desconocida por otros.
Tanto desde el grupo de trabajo como desde la Dirección General de Trabajo lo tienen claro en este sentido: el buceo comercial dispone, entre otras, de tres principales herramientas de regulación.
Las tres son totalmente complementarias y se han de aplicar en tal medida que garanticen el desarrollo de la actividad de forma segura.
La denuncia como herramienta
Desde el organismo estatal se reforzó la idea de utilizar las denuncias ante Inspección de Trabajo de aquellas actuaciones que incumplan la normativa.
En los últimos meses, el SAME ha interpuesto más de treinta denuncias por incumplimientos, muchos de ellos flagrantes, de la normativa en materia de seguridad. Aunque reconocen que no poder siempre contar con imágenes o las restricciones de acceso a zonas portuarias dificultan estos procesos.
“Es posible realizar denuncias de infracciones generalizadas en el sector, que se fiscalizarían directamente desde Madrid sin pasar por las Inspecciones Provinciales”
Dirección General de Trabajo se comprometió a revisar el estado de las denuncias interpuestas por el sindicato, así como a agilizar sus investigaciones e inspecciones.
Además, informaron al grupo de trabajo que disponen de un sistema más general para elevar las denuncias. Se trataría de denunciar una infracción generalizada o reiterada de una norma consolidada, sin tener que señalar un infractor en concreto. Este tipo de denuncias se fiscalizan y gestionan desde Madrid y no desde las Inspecciones Provinciales.
Compromisos
Tras la reunión, desde Inspección de Trabajo se comprometieron a analizar la información recabada sobre la situación de las condiciones laborales, de salud y seguridad en la que desempeñan su labor los buzos comerciales del país.
El grupo de trabajo ha facilitado a la institución todo el material que tiene a su disposición, tanto los distintos estudios sobre los artículos del RD como los estudios sobre siniestralidad en el sector realizados por Iván Ciudad Valls (director de ICCESAL) (puedes leer sobre ello en este enlace).
Otros temas
Desde el colectivo formado por buzos y prevencionistas, aprovecharon este contacto para trasladar su preocupación por la lentitud en la gestión de los cálculos de un coeficiente reductor para la profesión, que dotaría de una jubilación anticipada a los buzos.
Este es un tema que lleva encallado prácticamente dos años y que es de primer orden para aquellos profesionales de más edad (según reflejaba una encuesta publicada por este medio en su revista número 3 ). Aunque se trata de una cuestión que es competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde Dirección General de Trabajo tendieron la mano para pedir información del estado actual del trámite a dicho organismo y trasladarles cualquier comunicación al respecto.
Uno de los factores que han dificultado desde hace años la materialización del cálculo de unos coeficientes justos (como los que se consiguieron para otras actividades marítimas) es la falta de datos sobre las condiciones de trabajo, principales dolencias derivadas de la actividad o tasas de siniestralidad.
Esto es algo que, tanto desde los sindicatos como desde la patronal, se ha aportado en varias ocasiones.
Además, les anunciaron su intención de realizar un cambio profundo de la legislación sobre el establecimiento de coeficientes correctores por parte de la Seguridad Social al detectarse graves fallos en la ley actual.