Javier Ferrán, Presidente de la Asociación de Empresas de Buceo Profesional (ANEBP)
“El Real Decreto 550/2020 mejora sustancialmente la Orden Ministerial que ordenaba las actividades subacuáticas anteriormente, pero es necesario que tenga importantes ajustes”
La industria del buceo comercial en España ha atravesado un importante bache debido a la aparición de la Covid 19, que afortunadamente parece que comienza a ver luz en los últimos meses.
Los efectos de la pandemia se han dejado notar en el sector y esa es una situación que hay que lograr reconducir. La caída de la obra civil ha provocado un importante descenso de las operaciones de buceo y algunas empresas españolas se han visto abocadas al cierre definitivo, una situación que no ha trascendido más, gracias a grandes proyectos en otros países europeos que han ofrecido solución a las escasas posibilidades de trabajo en España.
En lo que compete a la Asociación Nacional de empresas de Buceo Profesional (ANEBP), comenzamos el año con nuevos objetivos que se centran en retomar las conversaciones con la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), para mejorar la aplicación del Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo.
Desde la publicación del documento, nuestro trabajo con la administración se ha centrado, por un lado, en ajustar el texto a la realidad del buceo profesional y por otro, su correcta aplicación.
Desde nuestro punto de vista, el Real Decreto tiene problemas en la definición de alguno de los conceptos que recoge, cuestión que deja margen a interpretaciones interesadas por parte de algunas empresas y supone un problema en el resultado de su aplicación.
En todo este asunto, seguimos encontrando ciertas barreras administrativas en la tramitación de los permisos para las operaciones o proyectos a iniciar. Este es un aspecto que en gran medida intentamos solucionar en las consultas que la propia DGMM nos hizo previa a la publicación de la norma.
Es cierto que en muchos casos los trámites administrativos para los permisos se han solucionado y la comunicación directa con Marina Mercante ha facilitado los inicios de las operaciones. Pero existen aún Capitanías Marítimas que no han absorbido la nueva mecánica y siguen solicitando documentación desactualizada a las empresas que demoran durante semanas el inicio de los trabajos. Esto tiene perjuicios significativos para las empresas, que ven cómo algunos trabajos se llegan a perder o tienen que destinar más recursos humanos para las tramitaciones. Hay que entender que, por ejemplo, un buque que llega a puerto con necesidades de urgencia, no puede esperar durante semanas para iniciar una reparación o el mantenimiento de sus instalaciones.
Cuando todas las Capitanías Marítimas repartidas en el territorio nacional reconozcan a todos sus efectos la normativa, se clarifiquen algunos aspectos y haya uniformidad de criterios, entendemos que el Real Decreto será más operativo. Ese es nuestro propósito más inmediato.
En definitiva, la nueva normativa mejora sustancialmente la Orden Ministerial, pero es necesario que tengan importantes ajustes y este es el objeto de nuestra próxima reunión con la DGMM en 2023.
Por otro lado, es nuestra intención retomar el contacto con los sindicatos después del parón de la pandemia, para la actualización de las tablas salariales, algo que es prioritario para nuestros empleados y que tenemos en consideración. Este es un asunto enconado por diferentes circunstancias, que queremos sanear lo antes posible.
Afortunadamente todo no han sido malas noticias y durante el año que acaba de finalizar hemos logrado un importante avance en la aplicación de los coeficientes reductores, para la anticipación de la jubilación de los buzos.
Este es un tema de extremada urgencia para los trabajadores y las empresas, puesto que es muy comprometido que buzo siga realizando inmersiones semanalmente con 60 años. Además, para las empresas del sector es muy difícil reciclar a estos empleados en otras tareas, como pueden ser el mantenimiento de equipos o como operador de cámara. La mayoría de las empresas españolas no tienen gran volumen de trabajo y capacidad para reubicar a estos buzos en estas tareas, con lo cual la aplicación de los coeficientes tiene que llegar con urgencia por parte de la Administración. Todos tenemos que hacer fuerza en este sentido. Sobre los valores, esperamos que los índices no se aprueben por debajo de un 0.30 por ciento y tenemos la esperanza de que pueda ser el máximo, en virtud de las características del trabajo que los buzos profesionales desarrollan.
En conclusión, 2023 será un nuevo año para seguir velando por la seguridad y las condiciones laborales de los buzos profesionales, a la vez que seguiremos mejorando las condiciones de las empresas del sector para ofrecer servicios de calidad y lograr que sean más competitivas en la órbita internacional.
