El SAME busca una reunión con el Ministerio de Trabajo para que asuma la regulación del sector

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El SAME pretende invalidad el Real Decreto

De acuerdo con su defensa de los derechos del colectivo, el Sindicato de Actividades Marítimas del estado de España (SAME) ha puesto en marcha varias líneas de actuación encaminadas, entre otras cosas, a lograr la anulación del Real Decreto 550/2020. La razón que sostiene señala un “retroceso en materia de seguridad en el ámbito de las competencias atribuidas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, para la redacción del RD.

El sindicato pretende invalidar la norma o modificarla para recuperar “los estándares perdidos a causa de su entrada en vigor” y entiende que el ministerio que ha legislado su actividad no tiene competencias en materia laboral. Así pues, insta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a regular la industria del buceo comercial y de otras modalidades profesionales no deportivas.

“Es necesario que Trabajo asuma el control y la competencia legislativas de nuestro gremio, como hace con el resto de las actividades laborales. La norma que nos regule debe estar al amparo y ser redactada basándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que es la madre de toda las leyes”, esgrime Luis Torcida en calidad de vocal de Seguridad.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Convenio Colectivo

El colectivo de buzos y los prevencionistas ligados al gremio han recurrido siempre a los preceptos de la LPRL para defender que el convenio colectivo prevalece por encima de cualquier otra normativa, ya que las normas de seguridad que incluye son las más restrictivas publicadas hasta el momento. En este sentido, siguen manteniendo la misma opinión a pesar de que el RD es más actual, pero no ofrece más seguridad a los trabajadores subacuáticos.

El vocal de Seguridad del sindicato, Luis Torcida, opina que “el rango que tiene este texto de regulación (RD) responde a los intereses de 2 sectores económicos concretos (el náutico y acuícola), que usan la actividad de buceo de manera residual. Sin embargo está condicionando la seguridad de la totalidad de los buceadores comerciales e industriales”.

Sus esfuerzos ahora se centran en buscar una reunión con el Ministerio de Trabajo para tratar el asunto y para ello están agotando diferentes formas de contacto, tanto por vías oficiales como a través de medios de comunicación sociales.

Los afiliados al SAME siguen preguntándose por qué les regula un ministerio sin competencias en materia laboral, a sabiendas de que éste sí tiene competencias sobre la vida de las personas en el mar. “No hay otra profesión que en cuestiones laborales no esté regulada por el Ministerio de Trabajo, es incongruente nuestra situación”, apuntilla Torcida.

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Consultas a Inspección de Trabajo

El SAME realizó en el mes de octubre una consulta a la Subdirección General para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales a través de una misiva donde además de mostrar la situación de desamparo a la que se sienten sometidos, expusieron las siguientes preguntas:

-¿Nuestro convenio colectivo pierde validez ante la entrada en vigor del RD a efectos de la Inspección de Trabajo?

-¿El incumplimiento de las normas de seguridad del convenio colectivo, puede ser denunciado en las IT?

La Subdirección ha respondido que “corresponde a la Dirección General de Trabajo la competencia para la elaboración de informes y consultas relativas a la interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas relacionadas con las áreas de su competencia”. Además, ha comunicado que dará traslado a la cuestión planteada por el sindicato al organismo competente y comunicará por correo el informe que emita al respecto, en relación a la “validez y vigencia del Convenio colectivo y normas de seguridad”.

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