El buceo profesional en Latinoamérica necesita alinear responsabilidades, estándares y planificación

La prevención como objetivo en el buceo comercialCada accidente de buceo desencadena un complejo proceso de investigación. Empresas, organismos públicos, contratistas y supervisores analizan procedimientos, equipos y decisiones para determinar el origen del incidente. Es un ejercicio necesario, pero reactivo. Cuando comienza esa investigación, el accidente ya ha ocurrido. El verdadero desafío consiste en actuar antes, identificando y corrigiendo las causas que siguen repitiéndose en las operaciones de buceo comercial en Latinoamérica.

En una actividad crítica como el buceo profesional, la pregunta de mayor valor preventivo no es sólo quién responde después de ocurrido el hecho, sino qué debió coordinarse, verificarse o detenerse antes de que el buzo ingresara al agua, y si el que debía hacerlo, tenías las competencias y facultades para hacerlo. No se trata únicamente de continuidad operacional o producción sino de una vida humana y una familia que existe detrás de cada inmersión.

“La operación segura no se construye determinando responsabilidades después del accidente, sino alineando decisiones, competencias y controles antes de que el buzo ingrese al agua”

En Latinoamérica y el Caribe, conviven regulaciones marítimas, laborales y de seguridad y salud ocupacional, de manera muy diversa y ante diferentes realidades territoriales, pero existe una realidad común. Una faena de buceo nunca depende de un solo actor. Empresa mandante o principal, contratista y subcontratista, supervisor del equipo de buceo y el equipo o material, intervienen desde funciones distintas, pero todas sus decisiones u omisiones, convergen bajo el agua, en el trabajo de los buzos.

De la responsabilidad jurídica al control operacional

La responsabilidad jurídica depende de cada legislación nacional, los alcances del contrato, las circunstancias de la faena y las obligaciones que correspondan al mismo buzo. Pero, desde la gestión del riesgo, la pregunta no es solamente quién responde, sino quién podía haber identificado, modificado y/o detenido una condición de peligro, latente de un accidente.

Contratar los servicios de una empresa especializada en trabajos submarinos no elimina la influencia de quien encarga el trabajo. La empresa mandante, productor o principal que solicita y contrata dichos servicios, incide mediante el alcance, los plazos, la selección del contratista y la información entregada. A su vez, el contratista debe aportar una organización competente, equipos adecuados y una planificación compatible con la realidad de la faena y su entorno, que además debe ser demostrable y trazable en el terreno, acorde con el ecosistema laboral donde desarrollará la faena.

Chile ofrece un ejemplo claro en este sentido. Si bien posee una normativa específica para el buceo desde la década de 1980, es genérica frente a la realidad de cada industria; sin embargo, su reciente legislación laboral y de seguridad y salud ocupacional incorporó de manera explícita aspectos del buceo profesional, con obligaciones para empleadores, contratistas y empresas principales, desplazando la discusión hacia la gestión de riesgos dentro de la cadena de subcontratación.

Sin perjuicio de esto, se debe tener presente que ninguna norma sustituye la verificación diaria de las condiciones reales de la faena ni las decisiones operacionales que deben adoptarse en terreno.

“La regulación cambia con una Ley. La forma de gestionar el riesgo, cambia mucho antes. En ocasiones, los cambios más importantes no comienzan cuando se publica una nueva norma, sino cuando cambia la conversación entre todos los actores involucrados, públicos y privados”

El permiso no equivale a una operación preparada

Uno de los errores más frecuentes consiste en confundir planificación y pre-chequeo, con la existencia de permisos, formularios, procedimientos aprobados y con un seguimiento previo y trazable del buzo antes de llegar a su lugar de trabajo. Una operación puede estar formalmente autorizada con los permisos de la autoridad competente y, aun así, no encontrarse suficientemente preparada para iniciar.

La planificación efectiva debe integrar peligros, condiciones del lugar de trabajo o entorno operacional, métodos de buceo según la tarea a ejecutar y estándares internos del rubro, dotación mínima de seguridad y competencias de cada uno, límites operacionales y respuesta clara ante emergencias con su debido entrenamiento. También debe establecer quién inicia la faena, quién la controla y autoriza sus cambios en la marcha, y quién puede detenerla con plena autoridad.

Los estándares internacionales, aportan una base común para el buceo en la región, más allá de la realidad de cada país Latinoamericano. El plan de operación, el análisis de riesgos, la reunión previa, las comunicaciones, la verificación de equipos y los criterios de suspensión, son partes de una misma arquitectura de control.

Para que funcione, la empresa mandante que solicitó los trabajos debe aportar la información; el contratista adjudicado con los servicios, la debe transformar en un método seguro; el supervisor del equipo, debe verificar las condiciones reales del entorno; y el personal de buzos, debe comprender los riesgos y límites de la tarea. Si algún actor queda fuera, la cadena se debilita.

Competencias más allá de la certificación

Por un lado, la certificación es indispensable, pero no acredita por sí sola la competencia para cualquier operación. Por otro lado, la experiencia fortalece el desempeño cuando es reciente, pertinente y verificable; sin embargo, también puede generar familiaridad excesiva, normalización de desviaciones y pérdida de percepción del riesgo.

Por eso, la competencia debe entenderse como la combinación de certificación vigente, formación y experiencia específica, reciente y verificable, conocimiento del equipo, entrenamiento y capacidad para decidir bajo presión.

Esto resulta crítico para los supervisores. No basta registrar tiempos o comunicarse permanentemente con el buzo: Deben comprender el trabajo, controlar la exposición al riesgo, coordinar a los actores involucrados incluyendo los representantes de la empresa principal y conservar la autoridad frente a presiones productivas de la misma empresa mandante, es decir, debe ser un líder capacitado y entrenado. Sin autonomía o experiencia suficiente, la supervisión se transforma en una barrera debilitada.

El mismo principio aplica a las empresas. Seleccionar un servicio externo, tercero o subcontratista por mera documentación y/o precio, no demuestra su capacidad operacional. También deben evaluarse su expertos, organización en terreno, supervisión real, preparación entrenada ante emergencias y aprendizaje de incidentes, y todo eso, trazable y demostrable.

La necesidad de una base común

Latinoamérica no necesita legislaciones idénticas para avanzar. Necesita principios operacionales compartidos, adaptables a cada realidad nacional. En ese espacio, los estándares de consenso, la formación, la certificación y la comunicación promovidos por ADCI ofrecen una arquitectura común entre los actores de la industria, sin sustituir las obligaciones propias de cada país. Comparar cómo cada país distribuye estas obligaciones no busca uniformar legislaciones, sino convertir las distintas experiencias nacionales presentes en el capítulo en aprendizaje regional.

Sobre esa base, la región puede avanzar hacia un marco común de alineamiento operacional que considere criterios para seleccionar contratistas, participación temprana del cliente, planificación conjunta, verificación de competencias, autoridad para iniciar, modificar o detener la faena, respuesta coordinada y entrenada ante emergencias y aprendizaje compartido de incidentes; pero, sin perder el foco de la realidad, idiosincrasia, pertenencia y marco jurídico de cada territorio.

ADCI reúne los estándares, la experiencia y la comunidad regional necesarios para facilitar esta conversación y transformar esas coincidencias en orientaciones aplicables. El desafío no es producir una nueva capa documental, sino acordar las preguntas mínimas que cada actor debe responder antes de autorizar una inmersión. Esas preguntas deben establecer, al menos, qué información aportó el mandante, cómo la convirtió el contratista en un método seguro, qué verificó el supervisor en terreno, qué competencias posee el equipo y quién tiene autoridad para detener la faena.

“Una cadena de responsabilidad madura y robusta no aparece después del accidente para repartir culpas; sino que, funciona antes de la inmersión como una cadena de control preventivo y trazable”

El desafío regional es lograr que mandantes, contratistas, supervisores y equipos de buceo actúen como partes integradas de un mismo sistema, y no como islas conectadas únicamente por documentación. La seguridad no se transfiere con un contrato ni se garantiza con una licencia o permiso, sino que se planifica, coordina, verifica y ejerce en cada decisión operacional.

Convertir ese principio en un lenguaje común para Latinoamérica y el Caribe constituye una oportunidad concreta para ADCI y el paso necesario desde la cadena de responsabilidad hacia una verdadera cadena de control preventivo.