Consultor experto en el ámbito marítimo de K-asic Consultorías Chile
Por Sebastián Herrera Kasic (K-asic Consultores)
Durante años, como responsable nacional de buceo de la Autoridad Marítima de Chile, mi firma determinaba si una operación estaba autorizada para comenzar. Aquella experiencia me enseñó que la documentación no siempre reflejaba la realidad del trabajo.
Una certificación puede habilitar a un buzo para descender hasta 57 metros utilizando aire, pero no acredita necesariamente su competencia para realizar soldadura submarina, manejar explosivos, utilizar herramientas hidráulicas o trabajar en espacios confinados.
También existen diferencias entre las profundidades autorizadas y las realmente alcanzadas, o entre los equipos declarados y los utilizados. Cumplir documentalmente una norma no significa controlar adecuadamente una operación.
Chile y las dificultades de un sector complejo
El buceo profesional chileno reúne empresas contratistas, supervisores, buzos comerciales, especialistas y trabajadores vinculados a faenas de servicios marítimos en rubros portuarios, de minería, de la acuicultura en salmones y la extracción artesanal de recursos marinos.
Su actividad está sometida a la intervención de diferentes organismos marítimos, laborales y sanitarios, cuya coordinación no siempre resulta sencilla, ni menos su aplicación en el territorio.
Los ocho fallecimientos de buzos registrados en Chile hasta julio de 2026 evidencian la necesidad de reforzar la prevención, mejorar la seguridad y escuchar a los profesionales del sector
Los datos presentados en Cartagena reflejan la importancia del problema. Según DIRECTEMAR, hasta el 28 de julio de 2026 se habían registrado ocho fallecimientos de buzos en Chile.
Estas cifras evidencian la necesidad de mejorar la prevención y escuchar más a los profesionales que trabajan directamente bajo el agua.
La seguridad debe demostrarse durante la operación
La mayoría de las empresas puede presentar permisos, procedimientos y certificaciones. Muchas menos pueden demostrar, en cualquier momento, cómo controlan realmente sus operaciones.
Imaginemos una intervención a las cuatro de la madrugada, con vientos de 25 nudos. Los procedimientos no cambian, pero sí las condiciones en las que deben aplicarse.
Por eso son esenciales la planificación, la comunicación, la preparación del equipo y la autoridad para tomar decisiones.
La seguridad no se demuestra únicamente con permisos y certificaciones, sino con un control operativo real y supervisores capaces de detener una inmersión cuando las condiciones lo exigen
Como se recordó en Cartagena, un supervisor debe estar preparado para decir no. Esa autoridad debe ser efectiva, incluso cuando existan presiones económicas o de producción.
Para evaluar el control operativo debemos preguntarnos quién puede detener una inmersión, si podemos reconstruir las decisiones de la última operación, si los buzos poseen las competencias específicas requeridas y si lo declarado en los permisos coincide con lo ejecutado.
Los estándares deben ir más allá de las auditorías
No creo que estos problemas se resuelvan únicamente aprobando nuevas leyes o con listas de verificación que se declaran al iniciar la faena, pero que no siempre quedan correctamente registradas o no se analizan esos datos levantados. Entonces, necesitamos consensos técnicos, auditorías periódicas y mecanismos de mejora continua.
Debemos pasar de acreditar documentalmente el cumplimiento a disponer de evidencias verificables. También debemos superar la idea de que una auditoría puntual es suficiente para garantizar la seguridad.
Los estándares ADCI ofrecen una referencia común para avanzar en esta dirección, complementando las regulaciones nacionales.
Un desafío compartido en Latinoamérica y el Caribe
Aunque cada país tiene su propia regulación, la distancia entre el cumplimiento documental y la realidad operativa es un problema común.
Necesitamos empresas comprometidas, profesionales competentes, supervisores con autoridad y procedimientos cuya aplicación pueda comprobarse.
El objetivo no es simplemente demostrar que cumplimos una norma, sino acreditar que nuestras operaciones se desarrollan de manera segura.
La pregunta final es sencilla. Si mañana alguien nos pidiera demostrar cómo garantizamos la seguridad de nuestras inmersiones, ¿dispondríamos de las evidencias necesarias?